Las circunvalaciones administrativas de la Justicia no son fácilmente transitables para los que no pertenecen a su ámbito. Sus códigos de procedimientos tienen tantas vueltas que los “profanos” nos mareamos.
No sabemos aún cómo terminara el caso de la jueza Rosa Parrilli. Por una parte, un juez contravencional la ha “sancionado” con realizar tareas comunitarias en Cáritas y la prohibición de conducir durante un año y medio, evitándole, de ese modo, un juicio por amenazas y discriminación, cuya pena hubiera sido mucho más grave, incluyendo tal vez la cárcel. Por otro lado, el Consejo de la Magistratura acaba de decidir someterla a juicio político por mal desempeño de sus funciones, como resultado del cual podría ser exonerada.
Recordemos que el 15 de Septiembre pasado a esta jueza se le había secuestrado el coche por estacionarlo en lugar prohibido. Se presentó en la dependencia municipal correspondiente y exigió la liberación inmediata del rodado. Ante la negativa de la empleada, si previamente no abonaba el monto de la infracción, manifestó “soy jueza y no voy a pagar ninguna multa de tránsito, como nunca las pagué” (después se supo que registraba 29 infracciones anteriores). Cabe aclarar que no existe ninguna disposición que exima a los jueces de tal procedimiento. La discusión subió de tono. La magistrada perdió los estribos (es una hipérbole, por supuesto), calificó de “tontita” y “morocha” a la empleada y la amenazó con “espero que no caigas nunca en mi jurisdicción porque te meto presa ocho meses”. Toda la escaramuza fue grabada (audio y video) por las cámaras de seguridad de la dependencia, para su desgracia. Por supuesto, tomó estado público.
Sin embargo, no quería referirme al incidente sino a una de las expresiones de la Dra. Parrilli: “soy jueza”. Se trata de una de las actitudes a que apelamos con frecuencia los argentinos (quizá también en otros países, seguramente de ascendencia latina): el “chapeo”.
Si bien el término "chapear" no ha sido incorporado aún en el diccionario de la RAE, una definición tentativa indicaría: ostentación de atributos de poder con la intención de obtener privilegios, ventajas o beneficios de cualquier tipo, que no corresponden. Su etimología se relaciona, seguramente, con la chapa de metal con que antiguamente se identificaba al personal de las fuerzas armadas y de seguridad y de otras reparticiones públicas.
El chapeo existe desde tiempo inmemorial. Hace muchos años, cuando íbamos a la panadería a comprar dos “pan de leche” para acompañar el Toddy, siempre coincidíamos con el agente de la Seccional que se llevaba, por lo menos, dos docenas de facturas. Ni qué decir cuando esperábamos que saliera la grande de muzzarella y jamón, los sábados por la noche. Afortunadamente, esas costumbres han cambiado: gracias al delivery, ahora no necesitamos esperar.
El chapeo se ha generalizado. En cualquier dependencia pública, siempre aparece algún empleado de la justicia, del Congreso o de un ministerio desenfundando su tarjeta plastificada, para evitar hacer fila, acelerar un trámite u omitir un procedimiento. El chapeo tiene, implícitamente, un propósito intimidatorio. O explícitamente, como en el caso de esta jueza. También establece un lazo de complicidad, como diciendo “hoy por mí y mañana por ti”.
No sólo en el ámbito público se chapea, también en el privado. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa privada, recibirá alguna vez la visita de un compañero de otra oficina exigiendo algo. Si menciona “me manda el gerente Tal, lo necesita urgente”, no dude, está chapeando. El que pega, sin justificación, un adhesivo de “discapacitado” (o una cruz de “médico”) en el parabrisas de su auto, para estacionar libremente, también está chapeando. Y así como estas, hay muchas otras formas de hacerlo.
¿Es inmoral el chapeo? No lo sé; en todo caso es una asociación ilícita entre el que pide y el que acepta. De lo que estoy seguro es de que se trata de una muestra más de la “viveza criolla” a la que somos tan afectos.
Ni usted ni yo, ciudadanos comunes, lograríamos que un juez nos conmutara una pena por los delitos de amenazas y discriminación, como en el caso de la Dra. Parrilli. Tampoco entiendo por qué la sanción fue de un año y medio, en lugar de seis meses o tres años. Los nomencladores que establecen las penas según la gravedad del delito, son incomprensibles para mi. Y no de ahora. Recuerdo que una vez, cuando era chico, fui a confesarme y el sacerdote “cotizó” la penitencia en 3 padrenuestros y 3 avemarías. A las pocas semanas fui otra vez al confesionario por el mismo pecado (sí, lo volví a cometer, pero me reservo el derecho de no mencionar cuál era) y el mismo sacerdote me castigó, esta vez, solamente con 1 padrenuestro y 2 avemarías. Allí comenzó mi confusión. Habrían cambiado el código penal en esa Iglesia? Habría protestado alguna Comisión de Derechos de los Pecadores y, en consecuencia, rebajado las penas? Aún me queda la duda. Y no es la única; ahora que lo pienso ¿qué hubiera sucedido de haberle “chapeado” al cura que yo era sobrino del médico que lo atendía?.
